El Tribunal supremo y el control empresarial del correo electrónico de un empleado (Caso Inditex)


Control de correo electrónico

El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de volver a resolver acerca del control empresarial del correo electrónico de un empleado en su sentencia de 8 de febrero de 2018. La sentencia es relevante por el estudio que hace de la cuestión y también porque es la primera sentencia del Tribunal Supremo que hace referencia expresa a la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 5 de septiembre de 2017 (caso «Barbulescu II»).

1.- Hechos básicos del caso

Un empleado de Inditex fue despedido mediante un despido disciplinario fundado en la transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza.

Muy resumidamente, el empleado aceptó de una entidad proveedora (que facturaba a Inditex varios millones de euros al año) una transferencia bancaria de once mil euros y además, un vehículo de alta gama, que fue pagado por el proveedor, a nombre del empleado.

La controversia jurídica nace porque las pruebas del comportamiento indebido se obtuvieron a través del control del correo electrónico del trabajador, materia que aborda el Tribunal Supremo en su sentencia.

Tanto el Juzgado de lo Social como el Tribunal Superior de Justicia de Galicia convalidaron la decisión empresarial, declarando la procedencia del despido.

2.- Los criterios del Tribunal Supremo respecto al control del correo electrónico

Con carácter preliminar, al llevar a cabo el examen de contradicción, el Tribunal Supremo lleva a cabo una primera manifestación del máximo interés práctico al indicar que «aunque pueda resultar conveniente la presencia garantista de terceros – Notario, RLT, otro trabajador y el propio interesado– sin embargo su ausencia en absoluto condiciona la validez del acto de control, a cuya prueba se le dará la fehaciencia que en su caso corresponda» (Fundamento Jurídico Tercero, in fine).

En su sentencia el Tribunal Supremo declara adecuado el control empresarial por los siguientes motivos:

– En la empresa existe una concreta normativa empresarial que limita el uso de los ordenadores a los estrictos fines laborales y que prohíbe su utilización para cuestiones personales.

– Cada vez que acceden con su ordenador a los sistemas informáticos de la compañía, y de forma previa a dicho acceso, los empleados deben aceptar las directrices establecidas en la Política de Seguridad de la Información del Grupo, reservándose la empresa el derecho de adoptar las medidas de vigilancia y control necesarias para comprobar la correcta utilización de las herramientas que pone a disposición de su empleados, respetando en todo caso las legislación laboral y convencional sobre la materia y garantizando la dignidad e intimidad del empleado.

– El examen del ordenador utilizado por el trabajador fue acordado tras el «hallazgo casual» de fotocopias de las transferencias bancarias efectuadas por un proveedor de la empresa en favor del trabajador –hecho expresamente prohibido en el Código de Conducta de la demandada e imputado en la carta de despido–.

– El contenido extraído se limitó a los correos relativos a las transferencias bancarias que en favor del trabajador le había realizado -contrariando el Código de Conducta- un proveedor de la empresa.

– El control empresarial fue ejercido sobre el correo corporativo mediante el acceso al servidor de la empresa, no accediendo a ningún dispositivo particular del trabajador.

– La empresa no llevó a cabo un examen indiscriminado del correo electrónico el empleado, sino que utilizó parámetros de búsqueda informática orientados a limitar la invasión en la intimidad.

Sobre la base de las anteriores consideraciones, el Tribunal Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por concluir que se han superado los juicios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

3.- La referencia del Tribunal Supremo a la sentencia del caso «Barbulescu II»

El Fundamento Jurídico Séptimo de la sentencia aborda el impacto que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del caso «Barbulescu II» tiene sobre la doctrina de nuestros tribunales nacionales, considerando que dichos «criterios son sustancialmente coincidentes con los de la jurisprudencia constitucional».

En concreto declara que «el TEDH en el asunto «Barbulescu», pone de manifiesto -entendemos- que el norte de su resolución estriba en la ponderación de los intereses en juego, al objeto de alcanzar un justo equilibrio entre el derecho del trabajador al respeto de su vida privada y de su correspondencia, y los intereses de la empresa empleadora», afirmando con rotundidad que «tales consideraciones del Tribunal Europeo nada sustancial añaden a la doctrina tradicional de esta propia Sala (las ya citadas SSTS 26/09/07; 08/03/11; y SG 06/10/11) y a la expuesta por el Tribunal Constitucional en la sentencia de contraste (STC 170/2013), así como a las varias suyas que el Alto Tribunal cita (así, SSTC 96/2012; 14/2003 y 89/2006)».

FUENTE: VIDAL GALINDO